Reestructuración de un proyecto empresarial fallido

¿Cuándo se da cuenta de que algo va realmente mal?

Las empresas suelen caer en dificultades financieras de forma gradual. Primero empeora el cash-flow: no puede pagar a tiempo a los proveedores, aunque los clientes todavía pagan. Después llega el momento en que el dinero ya no alcanza ni para los gastos operativos básicos. En términos jurídicos, esta situación se denomina incapacidad de pago. Según la Ley de Insolvencia checa (Ley n.º 182/2006 Sb., en adelante «LI»), se encuentra en ella el deudor que tiene varios acreedores (al menos dos) y obligaciones pecuniarias vencidas desde hace más de 30 días que no es capaz de cumplir.

El segundo problema, que afecta a las personas jurídicas y a las personas físicas empresarias, es el sobreendeudamiento. Se produce cuando la suma de todas sus obligaciones (deudas) supera el valor de su patrimonio. Para determinar el valor del patrimonio se tienen en cuenta también la administración futura del patrimonio y la continuación de la actividad de la empresa, siempre que pueda suponerse razonablemente que el deudor seguirá con su actividad empresarial.

Si cumple la definición de incapacidad de pago o de sobreendeudamiento, se encuentra en la llamada situación de insolvencia. No se trata automáticamente de un delito, pero es una situación jurídica objetiva con consecuencias graves que exige una reacción inmediata del órgano de administración.

¿Cuándo pasa una empresa de la fase «tenemos problemas» a la fase «somos insolventes»?

Hay cuatro señales de alarma que no debería ignorar. La primera se da cuando los acreedores amenazan con un embargo o ya lo han iniciado. La segunda, cuando pide un nuevo préstamo solo para pagar el anterior (tapar un agujero abriendo otro). La tercera es la existencia de deudas impagadas con el Estado (impuestos, cotizaciones a la seguridad social y al seguro de salud). La cuarta es la falta crónica de liquidez, cuando la suspensión de pagos ya no es solo temporal.

Los abogados del despacho ARROWS resuelven a menudo situaciones en las que los órganos de administración esperaron demasiado. Iniciar el procedimiento a tiempo puede salvar la empresa o, al menos, reducir al mínimo las consecuencias para el patrimonio personal del administrador.

Obligación legal de actuar sin demora injustificada

Como administrador o miembro del consejo de administración, tiene la obligación legal de presentar la solicitud de insolvencia sin demora injustificada desde que tenga conocimiento de la insolvencia de la sociedad (o desde que debería haberlo tenido actuando con la diligencia debida). Si no actúa:

• Se expone a responder personalmente por los daños causados a los acreedores por incumplir esta obligación (la diferencia entre lo que recibieron los acreedores y lo que habrían recibido si la solicitud se hubiera presentado a tiempo).
• Puede enfrentarse a una acción de cobertura del pasivo conforme a la Ley de Sociedades Mercantiles checa (Ley n.º 90/2012 Sb., en adelante «LSM»), en la que el tribunal puede decidir que debe cubrir las deudas de la empresa con su propio patrimonio personal.
• En casos extremos, también existe riesgo de responsabilidad penal (p. ej., por favorecimiento de acreedores, perjuicio a acreedores o falseamiento de datos sobre la situación económica y patrimonial).

Tres vías de solución: cómo elegir la estrategia adecuada para su empresa

En el ordenamiento jurídico checo puede elegir entre tres vías básicas. La elección depende de la situación económica de la empresa y de la fase en la que se encuentre.

La primera vía es la reestructuración preventiva (conforme a la Ley checa n.º 284/2023 Sb.). La segunda es el procedimiento de insolvencia (reorganización o quiebra). La tercera, reservada únicamente a empresas solventes, es la liquidación.

Reestructuración preventiva: salvar la empresa antes de llegar al tribunal

La reestructuración preventiva es un instrumento que permite a los empresarios en situación de insolvencia inminente negociar con los acreedores y evitar la insolvencia. Su objetivo es salvar una empresa que funciona, que tiene dificultades temporales pero un núcleo sano. No está pensada para empresas que ya son insolventes (incapaces de pagar).

La base es un proyecto de saneamiento, que identifica las causas de los problemas y propone soluciones, y el posterior plan de reestructuración. Este proceso es, en principio, no público y se desarrolla mediante negociaciones con los acreedores afectados. El tribunal interviene solo de forma mínima, por ejemplo, al aprobar el plan o al declarar una moratoria (protección frente a los acreedores).

En la práctica, presenta a los acreedores un plan (p. ej., prórroga de vencimientos, condonación de parte de la deuda, capitalización de créditos) e intenta obtener la mayoría de votos necesaria para aprobarlo. La ventaja es que la empresa no carga con el estigma de la insolvencia y el órgano de administración conserva la facultad de disposición sobre el patrimonio.

Los abogados del despacho ARROWS le acompañarán durante todo el proceso: desde el test de insolvencia y la preparación del proyecto de saneamiento hasta las negociaciones con bancos y proveedores.

Insolvencia con reorganización: cuando la prevención no basta

Si la empresa ya es insolvente o la reestructuración preventiva ha fracasado, es necesario presentar una solicitud de insolvencia. Existen dos formas de resolver la insolvencia: la reorganización o la quiebra. La reorganización es una forma de resolver la insolvencia en la que la empresa sigue funcionando, cumple el plan de reorganización y los acreedores cobran de forma progresiva con los ingresos de la actividad.

No obstante, la reorganización solo se admite, por regla general, en empresas de mayor tamaño o si el deudor presenta un plan de reorganización aprobado por más de la mitad de los acreedores.

Durante el proceso, un administrador concursal supervisa la actividad del deudor. El administrador no es un acreedor, sino un sujeto procesal especial nombrado por el tribunal que vela por la legalidad del proceso y por los intereses de los acreedores. La reorganización exige mucho tiempo (a menudo años) y dinero, pero permite conservar la marca y la actividad.

Quiebra o liquidación: el fin de la actividad empresarial

Si la empresa no puede salvarse, o los acreedores no tienen interés en ello, llega el momento de cesar la actividad. Aquí hay que distinguir dos procesos completamente distintos.

La quiebra es una forma liquidatoria de resolver la insolvencia dentro del procedimiento de insolvencia. La gestión de la empresa pasa al administrador concursal, que realiza todo el patrimonio y reparte el producto proporcionalmente entre los acreedores. En la quiebra, el órgano de administración pierde la facultad de disponer del patrimonio.

La liquidación es un proceso voluntario de disolución de una sociedad que no es insolvente (tiene patrimonio suficiente para pagar todas sus deudas). La decisión de entrar en liquidación corresponde a los socios (junta general). La propia empresa nombra a un liquidador, que vende el patrimonio, paga las deudas y abona el resto (remanente de liquidación) a los socios.

Cómo se desarrolla la liquidación: paso a paso

La liquidación es el proceso habitual para cerrar una empresa solvente.

Acuerdo de disolución y nombramiento del liquidador

La junta general debe acordar la disolución de la sociedad con liquidación y nombrar a un liquidador. Este acuerdo debe constar en acta notarial. A menudo el liquidador es el propio administrador, pero también puede ser un profesional externo. A partir de ese momento, la empresa utiliza la mención «en liquidación».

Inscripción en el registro y notificación a los acreedores

El liquidador presenta la solicitud de inscripción de la entrada en liquidación en el Registro Mercantil (obchodní rejstřík). Después debe publicar el anuncio de entrada en liquidación y el requerimiento a los acreedores para que comuniquen sus créditos en el Boletín Mercantil (Obchodní věstník), dos veces seguidas con un intervalo mínimo de dos semanas.

Balance inicial e inventario del patrimonio

El liquidador elabora, a la fecha de entrada en liquidación, el balance inicial y el inventario del patrimonio. El objetivo es comprobar si la empresa es realmente solvente. Si el liquidador descubre que la empresa es insolvente (las deudas superan el patrimonio), está obligado a presentar de inmediato una solicitud de insolvencia.

Realización del patrimonio y pago de las deudas

El liquidador resuelve los contratos, cobra los créditos y vende el patrimonio de la sociedad. Con el producto se pagan en primer lugar los gastos de la liquidación, después los créditos de los empleados y, a continuación, los de los demás acreedores.

Obligaciones fiscales y consentimiento de la administración tributaria

La empresa debe presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas por la parte del año anterior a la entrada en liquidación y, posteriormente, también durante la liquidación. Para la cancelación registral es imprescindible el consentimiento de la administración tributaria (Oficina de Hacienda, finanční úřad).

Informe final y cancelación

Una vez liquidadas todas las deudas y repartido el remanente de liquidación, el liquidador elabora el informe final sobre el desarrollo de la liquidación y la propuesta de reparto del remanente. Tras su aprobación y el pago de las cuotas a los socios, el liquidador solicita la cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil. Con ello, la empresa se extingue jurídicamente.

Riesgos fiscales y jurídicos que debe resolver

Al cerrar una empresa hay que prestar atención a los aspectos fiscales.

Retención fiscal sobre el remanente de liquidación

Si, tras pagar todas las deudas, queda dinero en la empresa (remanente de liquidación), esa cuota se abona a los socios. Este ingreso tributa a un tipo especial del 15 % (si el socio es una persona física residente fiscal en la República Checa). La sociedad debe retener el impuesto e ingresarlo en la Oficina de Hacienda antes de pagar la cuota.

Archivo de documentos

Una obligación que a menudo se pasa por alto es el archivo de la documentación. Antes de la cancelación es necesario garantizar la conservación de los documentos contables y de nóminas durante el plazo legal, lo que suele requerir un contrato con un archivo comercial, salvo que uno de los socios se haga cargo de los documentos.

Consejos prácticos: cómo evitar errores

Actúe a tiempo. En cuanto la sociedad cumple los requisitos de la insolvencia, el reloj empieza a correr. Aplazar la solución aumenta el riesgo de responsabilidad personal.

Sea transparente. El silencio y «hacerse el muerto» llevan a que los acreedores presenten antes la solicitud de insolvencia, lo que le quita el control sobre el proceso.

Separe las emociones de los hechos. Cerrar una empresa es difícil, pero la racionalidad económica debe imponerse al sentimentalismo. Intentar mantener una empresa «muerta» a costa de más deudas conduce a la quiebra personal.

Los abogados del despacho ARROWS están preparados para ayudarle a analizar la situación y elegir la vía más segura.