El Estado le prohíbe cumplir el contrato

Por qué la cláusula general de exoneración a menudo no basta

Si una parte incumple una obligación contractual, debe indemnizar a la otra parte por el daño que de ello se derive. El causante queda exonerado del deber de indemnizar si demuestra que un obstáculo extraordinario, imprevisible e insuperable, surgido con independencia de su voluntad, le impidió cumplir de forma temporal o permanente (§ 2913 del Código Civil checo, Ley n.º 89/2012 Sb., en adelante «CC»).

Esta responsabilidad es objetiva: no se examina la culpa y la actitud interna del proveedor respecto de la causación del daño es irrelevante. Así lo declaró expresamente el Tribunal Supremo de la República Checa (Nejvyšší soud) en la sentencia 25 Cdo 3788/2019. Por tanto, al proveedor no le sirve haber actuado con diligencia. Debe demostrar que se trataba de un obstáculo a la vez extraordinario, imprevisible e insuperable, surgido con independencia de su voluntad. La ley añade tres exclusiones expresas: no le exonera el obstáculo derivado de sus circunstancias personales, el obstáculo surgido cuando ya se encontraba en mora en el cumplimiento, ni el obstáculo que estaba obligado a superar en virtud del contrato.

En la práctica, el litigio gira sobre todo en torno a la palabra «imprevisible». Una prohibición de cuya amenaza la prensa económica llevaba meses informando puede considerarse previsible, aunque nadie conociera el día concreto ni su redacción. En cuanto al segundo requisito, «insuperable», se examinará si era posible cumplir por otra vía, por ejemplo a través de otro proveedor o desde otro lugar.

Pero el contrato no tiene por qué ser una mera copia de la ley. Salvo que la ley lo prohíba expresamente, las partes pueden pactar derechos y obligaciones de forma distinta a la ley (§ 1, apdo. 2, del CC). Así, la cláusula de fuerza mayor puede definir su propia lista de supuestos, prorrogar automáticamente el plazo, excluir las penalizaciones contractuales, establecer el derecho a resolver el contrato o repartir los costes. Existen límites: no cabe renunciar de antemano a la indemnización del perjuicio causado dolosamente o por negligencia grave, ni del perjuicio a los derechos naturales de la persona (§ 2898). Si la cláusula no está configurada de forma distinta, se aplican los requisitos legales de exoneración y el resultado solo se decidirá en un litigio.

Qué debe contener la cláusula de exoneración para cubrir una prohibición oficial

Una buena cláusula empieza por la definición. En lugar de una enumeración genérica del tipo «catástrofe natural, guerra, disturbios», conviene indicar expresamente que también se considera obstáculo la resolución o medida de una autoridad estatal que prohíba o limite sustancialmente el cumplimiento: sanciones, embargo, prohibición de exportación o importación, retirada de una autorización o licencia. Sin una enumeración expresa, la prohibición puede quedar comprendida en la cláusula general, pero lo decidirá la interpretación de su redacción concreta, y precisamente sobre ella suelen discutir las partes.

El segundo elemento es distinguir cuándo la prohibición excluye por completo el cumplimiento y cuándo solo lo encarece. Una misma cláusula no debería cubrir a la vez la prohibición y el aumento de aranceles, porque el arancel es un coste y no un obstáculo. Si las partes quieren regular también la variación de los costes, ello corresponde a un pacto independiente sobre el reparto de costes; de lo contrario, ambas situaciones se mezclan y la cláusula deja de ser clara.

El tercer elemento es el deber de notificación. La propia ley lo establece para el caso de imposibilidad de cumplimiento: si el deudor no comunica al acreedor sin demora indebida que el cumplimiento de la deuda ha devenido imposible, indemnizará el daño causado por no haber sido informado el acreedor a tiempo (§ 2008 del CC). No obstante, el contrato debería ir más allá y extender este deber también a las prohibiciones inminentes o temporales, con forma escrita, un plazo concreto, la descripción del impacto y una estimación de su duración.

El cuarto elemento es el deber de mitigar el obstáculo. La cláusula puede establecer que la parte afectada debe realizar esfuerzos razonables para superar la prohibición, por ejemplo recurrir a otra fuente o a otra vía de suministro, y que no podrá invocar la exoneración si no realizó tales esfuerzos. Ello enlaza con la ley, que no exonera a quien estaba obligado por contrato a superar el obstáculo.

Cuándo la prohibición de cumplir extingue la obligación y cuándo solo la suspende

Si tras el nacimiento de la obligación la deuda deviene de imposible cumplimiento, la obligación se extingue por imposibilidad de cumplimiento, y la imposibilidad debe probarla el deudor (§ 2006 del CC). Sin embargo, el cumplimiento no es imposible si la deuda puede satisfacerse en condiciones más difíciles, con mayores costes, con ayuda de otra persona o solo después de un plazo determinado. Así pues, una prohibición legal permanente solo puede conducir a la extinción de la obligación si, a causa de ella, la deuda no puede objetivamente cumplirse ni siquiera por alguna de estas vías alternativas. El mero carácter temporal de la prohibición no suele dar lugar a imposibilidad; con todo, siempre es necesario valorar la naturaleza y la finalidad de la obligación concreta.

La distinción tiene una repercusión práctica fundamental. Si el proveedor invoca la imposibilidad de cumplimiento, puede extinguirse con ello su obligación de cumplir. Pero la responsabilidad por el daño derivado del incumplimiento es una cuestión independiente. En la sentencia citada, el Tribunal Supremo de la República Checa concluyó que la obligación se había extinguido por imposibilidad de cumplimiento y que, aun así, el deudor podía responder del daño conforme al § 2913. Solo queda exonerado si acredita una causa de exoneración. Además, el comprador suele objetar que el cumplimiento es posible, solo que más caro o tardío; el límite lo fijará el tribunal según las circunstancias concretas.

La ley regula también el supuesto en que solo es imposible una parte del cumplimiento. En caso de imposibilidad de solo una parte del cumplimiento, la obligación se extingue en su totalidad si de la naturaleza de la obligación o de la finalidad del contrato, conocida por las partes al celebrarlo, se desprende que el cumplimiento del resto carece de interés para el acreedor; de lo contrario, se extingue únicamente en esa parte (§ 2007 del CC).

Para proveedores y compradores, de ello se desprende que el contrato debería determinar de antemano cómo se procederá ante una prohibición parcial. Si el suministro ha de dividirse en varias prestaciones parciales, debe incluirse en el contrato un pacto sobre si la prohibición de una parte pone fin a todo el contrato o solo a la parte afectada, y qué ocurre con los anticipos ya entregados. Sin tal pacto, la solución solo se buscará en un litigio.

Por qué la pérdida de rentabilidad y un arancel más alto no resuelven el problema

Un error frecuente es creer que un cambio de las condiciones comerciales, por ejemplo un nuevo arancel o una limitación de cuotas, otorga al deudor el derecho a resolver el contrato o a modificar el precio. La ley parte del principio contrario: si tras la celebración del contrato las circunstancias cambian hasta el punto de que el cumplimiento resulta más difícil para alguna de las partes, ello no altera en nada su obligación de satisfacer la deuda (§ 1764 del CC).

La ley solo admite una excepción cuando el cambio de circunstancias es tan sustancial que genera una desproporción especialmente grave en los derechos y obligaciones de las partes, ya sea por un aumento desmesurado de los costes del cumplimiento o por una disminución desmesurada del valor del objeto de la prestación. En tal caso, la parte afectada puede exigir la renegociación del contrato si demuestra que no pudo razonablemente prever el cambio ni influir en él y que este se produjo después de la celebración del contrato; pero no puede aplazar por ello el cumplimiento (§ 1765, apdo. 1, del CC).

Además, el derecho a la renegociación no nace para quien asumió el riesgo del cambio de circunstancias. Si las partes no llegan a un acuerdo, el tribunal puede, a instancia de parte, modificar o extinguir la obligación. No obstante, desestimará la demanda si la parte afectada no ejerció el derecho a la renegociación en un plazo razonable desde que debió constatar el cambio; la ley presume que dicho plazo es de dos meses (§ 1766 del CC). No se trata de un plazo fijo cuyo transcurso extinga automáticamente el derecho, sino de una presunción legal de razonabilidad. Aun así, la empresa que tras la adopción de una nueva medida se limita a esperar corre el riesgo de perder la protección.

Por eso la renegociación solo es adecuada como último recurso. Confiar en la adaptación judicial del contrato tras un cambio de circunstancias significa esperar meses o años a una resolución, mientras el cumplimiento sigue su curso o está paralizado. Es más razonable pactar de antemano un mecanismo de adaptación, de modo similar a las cláusulas de precio, de las que trata el texto sobre las cláusulas de inflación en los contratos de obra, en las que el precio varía según una fórmula fijada previamente.

En el contrato también puede asumirse conscientemente el riesgo del cambio de circunstancias. El proveedor que declara expresamente en el contrato que soporta el riesgo de los cambios normativos y de las medidas comerciales no puede invocar después la renegociación prevista en la ley. Por eso, al firmar contratos tipo, las empresas aceptan a menudo sin saberlo riesgos de los que luego no quieren oír hablar.

En la práctica, esto significa leer en el contrato también las estipulaciones que a primera vista no guardan relación con las prohibiciones oficiales, por ejemplo la declaración del proveedor de que dispone de todas las autorizaciones y de que ninguna norma jurídica impedirá el cumplimiento. Tal declaración puede funcionar en un litigio posterior como asunción del riesgo. Con todo, lo decisivo será la interpretación del pacto concreto, no una regla mecánica.

Qué deben pactar las partes para el caso de prohibición: precio, plazo, anticipos, resolución

La primera cuestión es si el cumplimiento se aplaza durante la prohibición y por cuánto tiempo. El contrato puede establecer que, en caso de prohibición temporal, el plazo de cumplimiento se prorroga por el tiempo que esta dure, pero como máximo un determinado número de meses. Superado ese límite, ambas partes pueden resolver el contrato sin sanción. Esta construcción protege al proveedor frente a la penalización contractual por mora y al comprador frente a quedar vinculado por tiempo indefinido.

La segunda cuestión es el destino de los anticipos y de las prestaciones ya realizadas. Si el contrato dispone que, tras su terminación por causa de la prohibición, los anticipos se devuelven y, al mismo tiempo, que el proveedor no tiene derecho al reembolso de los costes soportados en la preparación del cumplimiento, el riesgo recae sobre él. La construcción inversa traslada el riesgo al comprador. Las partes deberían tomar esta decisión de forma consciente y reflejarla en el precio, en lugar de dejarla a la interpretación.

La tercera cuestión es la relación de la prohibición con las penalizaciones contractuales y con los daños. La exoneración legal del § 2913, apdo. 2, se refiere a la indemnización de daños y por sí sola no resuelve automáticamente la penalización contractual. Por ello, el contrato debería indicar expresamente que, si una prohibición oficial impide el cumplimiento, no nace el derecho a la penalización contractual por mora ni a la indemnización del daño por incumplimiento. Sin tal pacto, subsiste la controversia sobre si se cumplieron los requisitos de la exoneración.

La cuarta cuestión es quién soportará los costes de mitigación, es decir, por ejemplo, del traslado de la producción, del suministro desde otra fuente o de la obtención de otra autorización. Una solución razonable suele ser el reparto de los costes según una clave fijada de antemano, ya que trasladarlos íntegramente al proveedor podría llevarle a preferir poner fin al encargo antes que asumirlos.

La quinta cuestión es cómo se proyecta la cláusula en los contratos conexos. El contrato con el comprador puede terminar a raíz de la prohibición, pero los contratos con los subproveedores a menudo siguen vigentes, y el proveedor paga entonces por prestaciones que ya no puede aprovechar. Por eso es razonable armonizar los plazos y las condiciones de la cláusula en ambas cadenas, para que el riesgo no se quede detenido a mitad de camino.

Cómo configurar la protección contractual en los suministros a largo plazo

Los suministros a largo plazo son los más sensibles a las prohibiciones oficiales, porque el contrato dura años y la regulación cambia durante ese tiempo. Por ello conviene incluir en el contrato una revisión periódica, por ejemplo una vez al año, en la que las partes valoren si el entorno regulatorio ha cambiado hasta el punto de que sea necesario adaptar las cláusulas sobre prohibiciones, precios o plazos. La revisión evita que una estipulación inicialmente adecuada se vuelva inaplicable con el tiempo.

En los suministros estratégicos tiene sentido valorar antes de la firma si el cumplimiento puede chocar con una restricción vigente o en preparación. Cómo se procede en la revisión de un contrato antes de su celebración y qué es lo que se olvida con más frecuencia lo describe el texto sobre la revisión del contrato mercantil antes de la firma. La regulación extranjera con incidencia en el cumplimiento en otro país debe valorarse por separado, conforme a la ley aplicable al contrato en cuestión y conforme al Derecho del Estado afectado.

Resulta útil vincular la revisión a un breve procedimiento interno: quién sigue en la empresa los cambios regulatorios, a quién los comunica y quién decide que es necesario negociar con la contraparte la adaptación del contrato. Sin tal procedimiento, la empresa se entera de la prohibición por los medios de comunicación y lee la cláusula por primera vez en el momento en que hay que aplicarla.

Otra capa de protección es el deber de información en la preparación del encargo. El proveedor debería estar obligado a comunicar al comprador que el cumplimiento depende de una autorización, de una licencia o de la importación desde un país determinado, para que el comprador sepa en qué se apoya toda la cadena. El comprador que conoce esta dependencia puede exigir una fuente de reserva o pactar el derecho a resolver el contrato si esta falla.

También es útil considerar el retraso causado por un tercero. A menudo la prohibición no afecta directamente al proveedor, sino a su subproveedor, lo que plantea la cuestión de si para el proveedor se trata de un obstáculo o de un riesgo propio. Una lógica análoga se aborda en el texto sobre la suspensión de la ejecución de la obra y el aplazamiento de la fecha de finalización, donde se valora cuándo el retraso justifica la prórroga del plazo.

Cómo configurar exactamente la cláusula sobre la prohibición oficial y el reparto del riesgo en un suministro concreto depende de qué parte del cumplimiento podría verse afectada por la prohibición y de quién está en mejores condiciones de preverla; por eso los abogados del bufete ARROWS lo valoran siempre según la estructura concreta de suministro, no según una cláusula universal.

Riesgos de una prohibición oficial no regulada en el contrato

Resumen final

La ley solo exonera al deudor de la responsabilidad por daños ante un obstáculo extraordinario, imprevisible e insuperable surgido con independencia de su voluntad, y la carga de la prueba recae sobre él; la culpa no se examina. La extinción de la obligación por imposibilidad de cumplimiento no le libera automáticamente de la responsabilidad por daños, unos costes más elevados no hacen imposible el cumplimiento y el cambio de circunstancias solo da derecho a la renegociación, no a aplazar el cumplimiento.

Para la dirección de la empresa se desprende de ello una tarea clara: determinar contractualmente qué ocurrirá con el plazo, el precio, los anticipos y la penalización contractual cuando el Estado prohíba el cumplimiento, y hacerlo antes de la firma, no después de la prohibición. Una cláusula bien configurada es más barata que un litigio sobre quién soportará la pérdida derivada de un acontecimiento en el que nadie pudo influir.

Los abogados del bufete ARROWS configuran cláusulas contractuales para el caso de prohibiciones y restricciones oficiales, valoran si el contrato vigente cubre tal situación y ayudan a negociar su adaptación con la contraparte. Escríbanos a consultas@arws.cz o consulte nuestra práctica de contratos y negociación.